Hacienda sigue peinando la provincia en busca de nuevas construcciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que eran invisibles a efectos tributarios. Y de momento, bastante resultado le está dando para satisfacción de los ayuntamientos que están recibiendo una importante inyección económica vía IBI, pero también para fastidio de aquellos propietarios que durante años han obviado su obligación de declarar a la Administración las obras realizadas. Tan solo en las dos primera fases del plan de regularización catastral impulsado a finales de 2014, que ha abarcado a 1,2 millones de inmuebles de 42 municipios (todos los de la Costa occidental, la capital y las comarcas del Guadalhorce y Antequera), la Dirección General del Catastro ha hecho aflorar 55.991 inmuebles (4,5% del total) que se habían escapado de los ojos del fisco porque ni sus propietarios ni el ayuntamiento de turno los habían dado de alta, independientemente de si cuentan o no con licencia de obras y cédula de habitabilidad.
Pero el barrido de la provincia para cotejar si la descripción del inmueble que figura en sus registros coincide con la realidad inmobiliaria no queda ahí. Después de haber cubierto los principales núcleos poblacionales poniendo el foco en grandes urbanizaciones de las zonas costeras, durante este primer semestre las inspecciones mediante ortofotos, imágenes aéreas y visitas físicas para ver las alteraciones sufridas se están centrando en los pequeños municipios de la Axarquía, donde predomina la autoconstrucción. Posteriormente, en la cuarta y última tanda que se desarrollará durante el segundo semestre de este año y el primero de 2017, la actuación se extenderá a los pueblos de la Serranía y el Genal.
Por tipología, las irregularidades de mayor calado son las construcciones de nueva planta (una casa de apero reconvertida en chalé, una finca familiar en la que los hijos han levantado sus viviendas), que representan en cifras redondas un 29% (16.200). Se trata de los fraudes de mayor envergadura, pero no los más numerosos. A la cabeza del ‘ranking’ se encuentran las ampliaciones y rehabilitaciones (añadirle una planta a la vivienda o ganarle unos metros al patio trasero para crear un jardín o una plaza de aparcamiento) con un 37% de los casos. Otro 24% responde a reformas y cambios de uso (recuperación de una casa antigua o el cerramiento de una terraza para sumar otra habitación) y el 8% restante a la construcción de piscinas.
Las consecuencias de esta regularización son considerables para el bolsillo del titular, ya que el consiguiente incremento del valor catastral de la propiedad tiene su repercusión en impuestos cuya cuantía se fija en función del catastro, tanto estatales (IRPF y sobre el patrimonio) como autonómicos (sucesiones y transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías). Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, los dueños de estas construcciones afloradas se están encontrando en el recibo del IBI con una subida media de 226 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 518 reclamados en concepto de atrasos de los últimos cuatro años, ya que más allá se considera prescrito. Con estas cifras, sólo en el recibo de la contribución los ayuntamientos incluidos en estas dos primeras fases de inspecciones se pueden llegar a embolsar 41,6 millones de euros.
Como es lógico, no todos los titulares pagan por igual, ya que el importe varía en función del tipo de fraude (no es lo mismo construirse una vivienda que una piscina). Lo único que sí tienen que abonar todos por igual son los 60 euros que la Dirección General del Catastro cobra como tasa para cubrir los gastos de los servicios realizados, desde la captura de fotos aéreas hasta las comprobaciones sobre el terreno. De momento, sólo por este concepto han salido de Málaga otros 3,3 millones de euros.
Pese a todo, desde el Catastro procuran dejar claro que la irregularidad detectada no conlleva sanción alguna, aunque sí que puede ser utilizada por los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales. En este sentido, también ponen el acento en que el objetivo de este plan es «luchar contra el fraude para que afloren inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados». Asimismo, recuerdan que la Ley del Catastro Inmobiliario obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes ya sean económicas, físicas o de titularidad.
Fuente: Diario Sur