El Gobierno aprobó hace unas semanas, con la oposición de todos los grupos parlamentarios, el Real Decreto sobre autoconsumo eléctrico en nuestro país. El apartado más polémico de la norma es el llamado ‘impuesto al sol’, un gravamen para aquellos consumidores que generen su propia energía y se mantengan conectados a la red. Se presupone que éstos serán la mayoría, dado que se consume más energía en las horas del día en las que el sol se ha puesto y se hace necesario que la red actúe de respaldo.
Para el ministro Soria, el autoconsumidor debe contribuir como cualquier otro al mantenimiento de la red general. “Eximir del pago de un peaje de respaldo supondría una subvención a costa del resto. Estos pagos le permiten que, si tiene que acudir al sistema, pueda tener energía en cualquier momento”, afirma.
Quedan fuera del pago de la tasa, aunque es una excepción transitoria, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios, y aquellos que estén fuera de la Península.
El Real Decreto contempla dos tipos de consumidores: aquellos con instalaciones de menos de 100 kw, que podrán verter a la red la energía sobrante de su producción a la red eléctrica, pero sin poder cobrar por ella; y los que tengan instalaciones de más de 100 kw de potencia, que podrán vender su excedente de energía. Tendrán que inscribirse en un registro de vendedores y el importe que reciban será el que marque el mercado a la hora a la que se vierta la energía a la red.
Finalmente se permite el uso de baterías u otros sistemas para acumular el excedente de energía generado. Sin embargo incrementa los cargos adicionales a su uso. Por ejemplo, si un usuario pretende reducir su potencia contratada, porque complementará su consumo con una batería, no podrá hacerlo. Además, los autoconsumidores no se pueden asociar. Si existen varias unidades de producción, el titular de cada una de ellas deberá ser la misma persona física o jurídica. En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores.
Son muchas las instituciones, asociaciones o sindicatos contrarios a este Real Decreto. Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se insiste en que la norma, lejos de fomentar el autoconsumo, actúa como elemento disuasorio. “La normativa prevé un cargo económico ex-Los datos se han truncado.
Fuente: Fundación Laboral de la Construcción